El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha rechazado el último borrador de la ley sobre la regulación cripto en Ucrania y pide modificaciones antes de que el parlamento la apruebe.
En el comunicado del 4 de noviembre de 2026 el banco central advierte que el texto podría permitir la entrada de tokens extranjeros sin una supervisión adecuada. Las normas sobre licencias de los exchanges, añade, siguen expuestas a riesgos de monopolio y corrupción.
Índice
Puntos clave
- El NBU se opone al proyecto de ley n.º 10225-d de cara a la segunda lectura.
- Pide salvaguardas comparables para los tokens extranjeros y para los nacionales.
- En las nuevas normas sobre licencias, el número de operadores corresponde al regulador de los mercados financieros.
- La comisión de finanzas del parlamento ha recomendado la aprobación a pesar de las objeciones.
Las objeciones del banco central al texto sobre las cripto
Según el NBU, el proyecto de ley n.º 10225-d deja sin resolver las dudas sobre estabilidad financiera, requisitos de entrada desiguales y discrecionalidad excesiva de la autoridad de supervisión. El banco central apoya normas en línea con el reglamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), pero quiere cambios antes de la votación.
También cuestiona el método. Aunque participó en el grupo de trabajo que redactó el borrador, el NBU explica que recibió el texto recomendado por la comisión solo a última hora del 3 de noviembre. El tiempo para evaluar las enmiendas antes de la reunión del 4 de noviembre fue por tanto escaso.
En la reunión el vicegobernador Oleksii Shaban expuso las objeciones. El formato del debate, informa el NBU, no permitió un examen detallado de sus observaciones, y el banco define el proceso como poco transparente. La comisión de finanzas del parlamento recomendó de todos modos la aprobación en segunda lectura y en su conjunto.
La Verkhovna Rada había aprobado la ley en primera lectura en septiembre de 2025, con 246 votos a favor y 31 en contra. El marco normativo se refiere a la fiscalidad de las criptomonedas y a los requisitos para los proveedores de servicios en activos virtuales.
En materia fiscal, el regulador de los mercados financieros había propuesto previamente un impuesto del 23% sobre las rentas cripto de las personas físicas: 18% de impuesto sobre la renta más 5% de recargo militar. El último borrador prevé en cambio un tipo reducido del 5% sobre los beneficios cripto que cumplan los requisitos, hasta finales de 2028, con entrada en vigor propuesta para el 1 de julio de 2027.
Tokens extranjeros bajo examen por las funciones de dinero electrónico
El NBU teme que los tokens emitidos en el extranjero puedan funcionar como dinero electrónico en Ucrania sin una supervisión equivalente en sus países de origen. Una circulación carente de garantías, advierte, podría debilitar la soberanía monetaria, perturbar la transmisión de la política monetaria y amenazar las infraestructuras de pago.
Por ello el banco central quiere el poder de examinar los tokens extranjeros antes de su admisión y de limitar su circulación cuando sea necesario. Serían poderes equivalentes a los que tiene sobre los tokens emitidos en Ucrania, de forma que se garanticen protecciones comparables para ambas categorías.
La igualdad de trato es el otro nudo de la propuesta sobre la regulación cripto en Ucrania. Los procedimientos de entrada simplificados, sostiene el NBU, no deben permitir que los emisores extranjeros eludan obligaciones que las empresas ucranianas deben respetar, dejando partes del mercado fuera de un control estatal eficaz.
La solución indicada por el banco prevé estándares de admisión coherentes para los activos virtuales extranjeros y nacionales, para evitar el arbitraje normativo.
Licencias para los exchanges: el choque sobre el poder de la autoridad de supervisión
En la versión revisada, la Comisión Nacional de Valores y Bolsa decidiría cuántos operadores de plataformas de trading cripto autorizar en los primeros cinco años. El NBU considera que esta discrecionalidad no ofrece protecciones suficientes contra las conductas anticompetitivas y abre espacios a la monopolización y la corrupción.
La posición del banco central ha cambiado con el tiempo. Al principio prefería admitir cualquier número de operadores, siempre que cumplieran los requisitos. Después aceptó el compromiso propuesto por el regulador de los mercados: autorización para tres personas jurídicas, elegidas con un procedimiento competitivo. El último borrador elimina ese tope fijo.
El NBU pide normas de autorización claras y transparentes. La comisión de valores, en cambio, respalda el avance de la ley: una regulación formal, argumenta, pondría la actividad cripto ya existente bajo la supervisión del Estado y aclararía las obligaciones para quienes participan en ella.
El banco central ha pedido al parlamento que revise las disposiciones impugnadas junto con las instituciones y los representantes del sector implicados en la redacción del texto.
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